Desarrollar infraestructura eléctrica requiere mucho más que planificación técnica. También supone establecer relaciones con propietarios, comunidades y territorios donde se desarrollan los proyectos.
En ese contexto, la gestión de los derechos sobre la tierra se convierte en un componente fundamental de una actuación responsable.
Conecta aplica principios del IFC Performance Standard 5 en sus procesos de adquisición de derechos sobre tierras.
Durante 2025, la compañía reportó cero personas reasentadas física o económicamente, cero servidumbres forzosas y USD 0 en compensaciones derivadas de servidumbres forzosas.
Los derechos de paso asociados con los proyectos de expansión fueron gestionados mediante negociación voluntaria y directa con los propietarios.
Esta forma de gestión refleja un principio relevante: la expansión de infraestructura debe considerar tanto las necesidades del sistema eléctrico como los derechos de las personas vinculadas con los territorios donde se desarrolla.
El enfoque también encuentra un referente en la experiencia del Grupo Energía Bogotá destacada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, donde la participación y la comunicación con las comunidades fueron elementos centrales.
Para Conecta, integrar criterios de derechos humanos en la gestión territorial permite avanzar hacia proyectos donde la infraestructura y el respeto por las personas formen parte de una misma conversación.