Reconocemos el proceso de discusión que se desarrolla en el Congreso de la República de Guatemala y consideramos importante que las enmiendas que se incorporen durante el análisis mantengan los objetivos fundamentales de la iniciativa: fortalecer la institucionalidad del Sistema Portuario Nacional; brindar certeza jurídica para promover inversiones de largo plazo; garantizar altos estándares de seguridad portuaria y; establecer una adecuada delimitación de competencias que favorezca una gestión eficiente y especializada.
La inversión privada en infraestructura portuaria requiere desembolsos significativos y de largo plazo. Por ello, es indispensable contar con reglas claras, estabilidad jurídica y mecanismos que permitan atraer capital, tecnología y experiencia para desarrollar la infraestructura que el país necesita.
Mecanismos como el Usufructo Oneroso Portuario (USOP) y los Contratos de Administración Portuaria (CAP) pueden brindar herramientas para atraer capital y conocimiento técnico. Es indispensable generar una mayor certeza jurídica que dé confianza a los inversionistas nacionales e internacionales. Asimismo, una legislación moderna puede contribuir al fortalecimiento de la transparencia, mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar los controles para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas, aspectos que fortalecen la integración de Guatemala en el comercio internacional.
Una Ley del Sistema Portuario Nacional que preserve estos principios permitirá generar impactos positivos para el país, entre ellos una mayor competitividad logística, la reducción de tiempos y costos para el comercio exterior, el incremento de la inversión en infraestructura estratégica, la generación de empleo y mejores condiciones para aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring y del crecimiento del comercio internacional.